>Este es un compromiso con las mujeres que de una u otra

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manera no han sido reconocidas por el poder político y las instituciones guarddando para sí los avances de las politicas sociales hacia las mujeres
Colombia

220. El Relator Especial recibió numerosos informes y denuncias que indicaban que en Colombia seguían produciéndose violaciones de los derechos humanos y, en particular, violaciones del derecho a la vida en una escala alarmante. Según datos publicados por Justicia y Paz, durante los primeros nueve meses de 1993 más de 9.100 personas murieron víctimas de la violencia política en el país.

221. Se afirmó que en las regiones donde las fuerzas de seguridad mantenían una fuerte presencia debido a las operaciones antisubversión del Gobierno se cometieron muchas violaciones del derecho a la vida. Se señalaron al Relator Especial como particularmente afectados los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Meta y Santander. Según las informaciones, miembros de las fuerzas armadas, la policía y grupos paramilitares que cooperan con las fuerzas de seguridad fueron responsables de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

222. Con mucha frecuencia las víctimas de esas matanzas fueron civiles considerados por las fuerzas de seguridad como posibles colaboradores de los guerrilleros. Se dijo que los miembros de las comunidades indígenas de esas zonas, como los pueblos indios arsario, arhuaco o kogui eran particularmente vulnerables. Como en años anteriores, el Relator Especial también recibió un gran número de denuncias de ejecuciones extrajudiciales o amenazas de muerte contra representantes de partidos políticos de oposición, miembros de asociaciones de derechos humanos, periodistas, abogados y personas vinculadas a la Iglesia.

223. Con respecto a las denuncias de violaciones del derecho a la vida cometidas por fuerzas paramilitares, el Relator Especial recibió un número alarmante de informes relativos a la región de San Vicente de Chucurí, Santander. Allí, según se afirma, las estructuras paramilitares habían sido activadas, apoyadas y protegidas por las fuerzas de seguridad del Estado, cuyos miembros, al parecer, con frecuencia estaban implicados directamente en ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

224. Se informó al Relator Especial de que, según un documento oficial sobre las violaciones de los derechos humanos en 1992, publicado por la Procuraduría General de la Nación, el 58% de las quejas presentadas a su oficina en 1992 estaban dirigidas contra miembros de la policía nacional, y particularmente sus unidades de información.

225. El Relator Especial también continuó recibiendo denuncias de violaciones del derecho a la vida en el contexto de las llamadas «operaciones de limpieza social» en diversas ciudades colombianas. A lo largo del año se fue recibiendo un número cada vez mayor de tales informes. Se denunció que los «escuadrones de la muerte», integrados por individuos armados, y en diversos casos también por miembros de la policía nacional, fueron responsables de la muerte de personas «socialmente indeseables»: niños de la calle, menores de bandas callejeras, vagabundos y delincuentes sospechosos.

226. Además, el Relator Especial recibió numerosos informes que indicaban que sólo en unos pocos casos de presuntas violaciones de los derechos humanos se habían iniciado investigaciones. Incluso cuando había habido investigaciones, se informó que sólo en casos excepcionales éstas habían conducido al castigo de los autores de abusos de los derechos humanos y a la indemnización de las familias afectadas. Los miembros de las fuerzas armadas, la policía y los grupos paramilitares que cooperaban con ellos prácticamente seguían gozando de impunidad.

Comunicaciones enviadas

227. El Relator Especial comunicó al Gobierno de Colombia denuncias que había recibido con respecto a la violación del derecho a la vida de más de 300 personas, entre ellas 15 menores de edad y 7 mujeres; 28 casos constituían supuestas violaciones del derecho a la libertad de opinión y expresión, de religión o de reunión pacífica y asociación. Mediante el envío de 28 llamamientos urgentes el Relator Especial intervino en favor de más de 260 personas. Las denuncias relativas al derecho a la vida de otras 40 personas se transmitieron en una carta separada.

228. El Relator Especial envió 26 llamamientos urgentes al Gobierno de Colombia en los que expresó su preocupación por la seguridad de las siguientes personas, cuya vida, según se afirmaba, estaba en peligro:

a) los niños de la calle de Bogotá, después que se encontraran en la capital carteles que anunciaban el exterminio de los niños de la calle, invitándolos a asistir a sus propios funerales (19 de agosto de 1993); Harizon Ortiz y otros 9 niños de la calle en Cali (15 de octubre de 1993);

b) los abogados Carlos Edgar Torres Aparicio, Rodolfo Alvarez, Oscar Elías López y el antropólogo Etnio Vidardo, así como los testigos de la matanza de más de 20 indígenas páez (17 de diciembre de 1992); el sacerdote y activista de derechos humanos Rafael Duarte Ortiz (4 de febrero de 1993); Betty Gómez de Mondragón, viuda de Hugo Varela Mondragón (véase E/CN.4/1993/46, párr. 209 b)) (26 de febrero de 1993); 10 personas acusadas de ser guerrilleros, entre ellas autoridades locales y miembros del partido de oposición «Unión Patriótica»: Alvaro Córdoba y otras 9 personas (cuyos nombres están registrados en la secretaría) (26 de febrero de 1993); el dirigente comunitario Pedro José Chaparro Cuesta, Luis Sosa y el Sr. Fierro, después del asesinato de Epimenio Rodríguez Guzmán y Marcos Ortiz González (de 17 años) (2 de abril de 1993); los dirigentes comunitarios Héctor Torres, Noel Segura Díaz, Alba Segura Díaz e Isidro Torres (12 de marzo de 1993); los sindicalistas Luis Fernando Alzate Alvarez, Oscar Toro, Jorge Barón, Gustavo Peña y Carlos García (2 de abril de 1993); el abogado Dr. Eduardo Umaña Mendoza (30 de abril de 1993); el asesor municipal Alfonso Palacio (16 de junio de 1993); la esposa de Gregorio Nieves, que fue testigo ocular de su homicidio (17 de junio de 1993); Gilberto Martínez y cinco pasajeros de su coche, que habían presenciado la ejecución extrajudicial de los hermanos Hermes y Linder Osvaldo Jiménez Barco (13 de julio de 1993); miembros del Comité Regional de Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) (25 de julio de 1993); el dirigente comunitario Pablo Eli Acosta (29 de julio de 1993); 150 personas de una lista, acusadas de ser colaboradores o simpatizantes de los guerrilleros, que se publicaría por una cadena de televisión (11 de agosto de 1993 y 22 de noviembre de 1993); el detenido y miembro de un grupo de oposición armada Orlando Quintero Páez (26 de agosto de 1993); el abogado Dr. Rafael Barrios Mendivil (3 de septiembre de 1993); los trabajadores comunitarios Manuel Claro, Erminoso Sepúlveda, Luis Reyes y dos hermanos de Víctor Guadia, que había sido asesinado (7 de octubre de 1993); miembros comunitarios después del asesinato de John Harol Ortega (29 de octubre de 1993).

229. El Relator Especial también instó a las autoridades a que investigaran los siguientes casos de graves violaciones del derecho a la vida y tomaran todas las medidas necesarias para impedir que volvieran a producirse tales incidentes en el futuro:

a) El asesinato, en una «operación de limpieza social», de Jesús María Valencia Zuleta y otras 14 personas (cuyos nombres están registrados en la secretaría). En este contexto se había expresado temor por la vida de Román Darío Roldán (7 de octubre de 1993).

b) El uso excesivo de la fuerza en operaciones contra los elementos subversivos que causaron la muerte de Víctor Zambrano, Reyes Fuentes, José Fuentes y otro campesino (26 de julio de 1993); los campesinos Moisés Galván Pantoja, Sol Galván Pantoja y su prima llamada Chavela (2 de abril de 1993); Pedro Carvajal. En este contexto se había expresado temor tras las amenazas de muerte proferidas contra Jorge Torres y Norberto Quintero (22 de octubre de 1993).

c) Acontecimientos en San Vicente de Chucurí: Leonardo Rangel e Isnardo García Carreño, que fueron secuestrados y asesinados; se había expresado temor por la vida de los campesinos José del Carmen Peña, Leonardo Pineda, Rosendo Fonseca, Roque Sandoval y Alvaro Quiroga (28 de enero y 23 de febrero de 1993); amenazas de muerte contra el alcalde Saúl Pico Gómez y Humberto Geovo Almanza (23 de febrero de 1993).

230. En tres cartas enviadas al Gobierno de Colombia el Relator Especial transmitió los siguientes 41 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias:

a) Pedro Jaramillo Rueda, Humberto Jaramillo Rueda, Mario Lozada Ortiz, Pedro Guevara, Fredy Prada Vargas, José Eugenio Morales y otro campesino, según los informes, después de haber sido torturados; Faride Herrera Jaime y Oscar Iván Andrade Salcedo; Elio Valdonado, Herminia Barbosa y Octavio Bovilla; Pastor Ballesteros Tarazona y José Terry Pérez Castellanos; el dirigente indígena Gerardo Moreno Florez;

b) Alvaro Diego Escribano, miembro de «Unión Patriótica»; José Rodrigo García Orozco, miembro dirigente de «Unión Patriótica»; el dirigente sindicalista Eimar Tejada Trujillo; el dirigente sindicalista Luis Carlos Pérez; el sindicalista Hernando Valencia Laso;

c) en el contexto de las operaciones contra la subversión: Wilson Quintero, Gustavo Coronel y Luis Alfonso Ascanio; Ramiro Ramos Ramos y Víctor Garcés; Luis Ernesto Ascanio y Ramón Villegas;

d) en San Vicente de Chucurí, entre septiembre de 1992 y mayo de 1993: John Raúl Rodas; Ricardo Uribe; José del Carmen Díaz; Euclides Peñaloza Galvis; Luis Angel Patiño Patiño; Luis Carlos Lopera Londoño; Octavio Sierra; Carlos Alberto Márquez Solano; Rodolfo Carreño Chaparro; Rubén Ardila Pinzón; Jaime Pineda Corzo; Horacio Rueda Castellanos; Eduardo Arciniegas; Antonio María Forero Navas.

Comunicaciones recibidas

231. El Gobierno de Colombia proporcionó al Relator Especial respuestas relativas a los siguientes casos:

a) Betty Gómez de Mondragón: las autoridades competentes se pusieron en contacto con ella para evaluar la situación y brindarle protección tanto a ella como a su familia (5 de abril de 1993).

b) Rafael Duarte Ortiz: la Consejería Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos dio instrucciones a las autoridades competentes de que proporcionaran los medios de protección necesarios (5 de abril de 1993); a raíz de una queja presentada por Rafael Duarte Ortiz se llevó a cabo una investigación disciplinaria que condujo a la imposición de 3 y 8 días de arresto severo, respectivamente, a dos agentes de la policía (27 de julio de 1993).

c) El Dr. Eduardo Umaña Mendoza: después de que, por propia decisión, declinara la escolta asignada por el Departamento Administrativo de Seguridad, la Consejería Presidencial solicitó a la Fiscalía General que atendiera el caso en particular (3 de junio de 1993).

d) Gregorio Nieves: se iniciaron investigaciones judiciales de su asesinato. Con el fin de proteger a su esposa la Consejería Presidencial realizó gestiones ante el Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas Militares (16 de agosto de 1993).

e) Orlando Quintero Páez: la Consejería Presidencial pidió a las autoridades competentes que aseguraran la debida protección al preso (18 de octubre de 1993).

f) Víctor Guadia y otros: la fiscalía competente ha iniciado investigaciones. Los funcionarios municipales que supuestamente están amenazados se reunieron con la policía para evaluar su situación de seguridad. Se adoptaron medidas para ofrecerles protección e investigar el origen de las amenazas de muerte contra ellos (11 de noviembre de 1993).

232. Además, el Gobierno de Colombia informó al Relator Especial de que tras el ataque criminal cometido en Bogotá el 15 de abril de 1993, que causó la muerte de 10 personas, las autoridades se vieron obligadas a declarar el estado de conmoción interior, de conformidad con el artículo 215 de la Constitución y el Decreto legislativo 261 de 5 de febrero de 1993 (23 de abril de 1993).

233. Asimismo, el Gobierno de Colombia transmitió al Relator Especial un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia publicado por las autoridades. En este informe se hacía referencia, entre otras cosas, a la nueva Constitución de 1991 y, en particular, a sus disposiciones acerca de la protección de los derechos humanos por medio de la «acción de tutela» (véase el párrafo 235 infra), la Ley sobre la reforma de la policía aprobada en 1993 y Ley de estados de excepción (19 de noviembre de 1993).

Seguimiento

234. El 22 de septiembre de 1993, el Relator Especial envió una carta al Gobierno de Colombia en que solicitaba información adicional sobre diversos casos transmitidos en 1992 y 1993 respecto de los cuales se había recibido respuesta. Cuando el Gobierno le había informado que se habían iniciado investigaciones, el Relator Especial preguntó sobre el estado de las investigaciones y sus resultados, si éstas ya habían concluido. Cuando el Gobierno había declarado que se había otorgado protección a las personas amenazadas, el Relator Especial pidió que se le informara sobre las medidas específicas adoptadas.

235. Durante su estadía en Ginebra en noviembre de 1993 el Relator Especial se entrevistó con representantes del Gobierno de Colombia que le suministraron información adicional sobre las medidas adoptadas por las autoridades para mejorar el respeto al derecho a la vida en Colombia. En particular, se hizo referencia a una reforma de la policía y a la «acción de tutela», un instrumento previsto en la Constitución de Colombia de 1991 para asegurar el respeto a los derechos y libertades fundamentales. En relación con el derecho a la vida, se informó al Relator Especial de que se podía recurrir a dicha acción de tutela en los casos de amenaza de muerte por miembros de las fuerzas armadas, lo cual daba a los tribunales civiles cierto control sobre los actos del personal militar, incluso cuando éste actuaba en ejercicio de sus funciones.

236. Además, el Gobierno invitó al Relator Especial a realizar una visita a Colombia. En vista de que en 1994 se celebrarán cuatro consultas electorales en Colombia, se prevé que esta visita tendrá lugar después de septiembre de 1994. Como preparación para la visita, el Relator Especial proyecta intensificar su diálogo con el Gobierno de Colombia con respecto a las recomendaciones formuladas por su predecesor, el Sr. S. Amos Wako, tras su visita al país en 1989 y, en particular, con miras a determinar los obstáculos a que hacen frente las autoridades en sus esfuerzos por aplicar esas recomendaciones.

Observaciones

237. El Relator Especial aprecia en gran medida la voluntad de cooperar demostrada por el Gobierno de Colombia. Ha tomado nota con reconocimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno con miras a brindar una mejor protección del derecho a la vida. El Relator Especial también quisiera agradecer al Gobierno de Colombia por invitarlo a llevar a cabo una visita al país.

238. Sin embargo, el Relator Especial sigue preocupado: como se ha descrito supra, continúa recibiendo un gran número de denuncias relativas a violaciones del derecho a la vida. Es particularmente preocupante observar que viene recibiendo denuncias similares desde hace ya muchos años. En este contexto, el Relator Especial celebra la aprobación de la nueva ley sobre la reforma de la policía y las mayores posibilidades de protección de los derechos humanos que ofrece la Constitución de 1991. Alienta al Gobierno de Colombia a que persista en sus esfuerzos a este respecto y lo insta a que adopte medidas eficaces para impedir que se produzcan otras muertes, particularmente en el contexto de las actividades contra la subversión o de las operaciones de los «escuadrones de la muerte» contra quienes son considerados socialmente indeseables. El Relator Especial también insta a las autoridades a que investiguen las violaciones de los derechos humanos y hagan comparecer ante la justicia a sus autores.

alasmujeresnadanosesajeno19 Jul 2008
Sin nombres, sin rostros ni rastros y la celebración de la fiesta nacional de Colombia, y el nacionalismo sólo esta contra los secuestros, pero no por los ejecutado/as
Escrito por: gilgalo el 19 Jul 2008 – URL Permanente
‘Civiles en la mira’

Sin nombres, sin rostros ni rastros
Jorge Eliécer Pardo

Premio nacional de cuento sobre desaparición forzada “Sin Rastro”

tomado de ips del blog de C. Viera

A las amorosas mujeres colombianas

Como a mis hermanos los han desaparecido, esta noche espero a las orillas del río a que baje un cadáver para hacerlo mi difunto. A todas en el puerto nos han quitado a alguien, nos han desaparecido a alguien, nos han asesinado a alguien, somos huérfanas, viudas. Por eso, a diario esperamos los muertos que vienen en las aguas turbias, entre las empalizadas, para hacerlos nuestros hermanos, padres, esposos o hijos. Cuando bajan sin cabeza también los adoptamos y les damos ojos azules o esmeralda, cafés o negros, boca grande y cabellos carmelitas. Cuando vienen sin brazos ni piernas, se las damos fuertes y ágiles para que nos ayuden a cultivar y a pescar. Todos tenemos a nuestros NN en el cementerio, les ofrecemos oraciones y flores silvestres para que nos ayuden a seguir vivos porque los uniformados llegan a romper puertas, a llevarse nuestros jóvenes y a arrojarlos despedazados más abajo para que los de los otros puertos los tomen como sus difuntos, en reemplazo de sus familiares. Miles de descuartizados van por el río y los pescadores los arrastran a la playa a recomponerlos. Nunca damos sepultura a una cabeza sola, la remendamos a un tronco solo, con agujas capoteras y cáñamo, con puntadas pequeñas para que no las noten los que quieren volver a matarlos si los encuentran de nuevo. Sabemos que los cuerpos buscan sus trozos y que tarde o temprano, en esta vida o la otra, volverán a juntarse y, cuando estén completos, los asesinos tendrán que responder por la víctima. Si la justicia humana no castiga a los verdugos, la otra sí los pondrá en el banquillo de los que jamás volverán a enfrentarse a los ojos suplicantes de los ultimados.

Esta noche hemos salido a las playas a esperar a que bajen otros. Nos han dicho que son los masacrados hace varias semanas, los que sacaron a la plaza principal y aserraron a la vista de todos. Quiero que venga un hombre trabajador y bueno como los pescadores y agricultores de por allá arriba y que yo pueda hacerle los honores que no le dieron cuando lo fusilaron. Mis hermanas tirarán las atarrayas y los chiles para no dejarlos pasar, uno no sabe si el que le toca es el sacrificado que con su muerte acabará la guerra. Aquí todas creemos que nuestros difuntos prestados son los últimos de la guerra, pero en los rezos nos damos cuenta de que es una ilusión. Cuando traen ojos se los cerramos porque es triste verles esa mirada de terror, como si en sus pupilas vidriosas estuvieran reflejados los asesinos. Nos dan miedo esos hombres armados que quedan en el fondo de los ojos de los muertos, parecen dispuestos a matarnos también. Muchos párpados ya no quieren cerrar y, dicen en el puerto, que es para que no olvidemos a los sanguinarios. Los enterramos así, con el sello del dolor y la impunidad mirando ahora la oscuridad de las bóvedas.

Algunos están comidos por los peces y los ojos desaparecidos no dan señales del color de sus miradas. A muchos de los que nos regala el río y no tienen cara, nosotras les ponemos las de nuestros familiares desaparecidos o perdidos en los asfaltos de las ciudades. Pegamos las fotografías en los vidrios de los ataúdes para despedirlos con caricias en las mejillas. Fotos de cuando eran niños, con sus caras inocentes. Las novias hacen promesas, las esposas les cuentan sus dolores y necesidades y las madres les prometen reunirse pronto donde seguramente Dios los tiene descansando de tanta sangre. Las solteras les piden que les traigan salud, dinero y amor. Y cuando las palomas anidan en las tumbas es el anuncio de que deben emigrar para otra parte de Colombia o para Venezuela, España o los Estados Unidos.

Los primeros meses poníamos en sus lápidas las tristes letras de NN y debajo un número para que todos supieran que era un muerto con dueño, o mejor un desparecido reencontrado. Cuando nadie viene por ellos y las autoridades también los dejan a la buena de Dios, los dueños de los cadáveres los rebautizan con los nombres de sus muertos queridos. Es como un nacimiento al revés: parido entre el agua del río y lavado después en la arena. Les llevamos flores, les encendemos veladoras y les regalamos rosarios completos y unos cuantos responsos. Todas sabemos que en cada rescatado hay un santo.

Los lunes nos reunimos en un rezo colectivo porque ya todas tenemos muertos y sabemos que están muy solos y que todavía sienten la angustia de haber sido degollados, descuartizados o ejecutados con desmayo en la humillación. El dolor produce una mueca que nos hace respetar más al sacrificado. A los aterrorizados les tenemos más amor y consideración porque uno nunca sabe cómo es ese momento de la tortura lenta y cómo enfrentaron las motosierras, las metralletas, los cilindros bomba.

Cuando oímos los llantos colectivos de las viudas errantes buscando a sus muertos, en peregrinación por las riveras, como nuevos fantasmas detrás de sus maridos, les damos los rasgos corporales y les entregamos los cadáveres recuperados. Lloramos con devoción y esa misma noche se los llevan envueltos en costales de fique, sábanas viejas, en barbacoas o en los cajones simples que nosotras hemos alistado para los difuntos santificados. Romerías con linternas apuntando el infinito con estrellas como pidiendo orientación al cielo para no perderse en los manglares, tras la huella invisible del río. Lloran como nosotras la rabia de la impotencia. Cuando no encuentran al que buscan nos dejan su foto arrugada porque ya no importa tanto la justicia de los hombres sino la cristiana sepultura de los despojos.

Nos hemos contentado con recibir y adoptar pedazos porque tener uno entero es tan difícil como el regreso de nuestros muchachos que reclutaron para la muerte. Ellos no volverán, mucho menos las noticias porque la guerra se los come o los ahoga. Cuando no se los traga la manigua, los matan las enfermedades de la montaña o el hambre.

Nos han dicho que no somos los únicos en el puerto, que en Colombia los ríos son las tumbas de los miserables de la guerra. Los viejos nos han dicho que siempre los ríos grandes y pequeños albergan a las víctimas, desde la violencia entre liberales y conservadores de los siglos pasados cuando venían inflados, flotando, con un gallinazo encima.

Al reemplazar el NN en la lápida por el nombre de nuestro esposo o hijo, la energía que viene del cemento es como la que sentimos cuando nos abrazábamos antes de la desaparición. Lo sabemos porque al golpear la pared y empezar las conversaciones secretas, después de las palabras, aquí estamos, no estás solo, nos llega un vientecito tibio como el calor de los cuerpos de nuestros seres inmolados. Los santos asesinados son los mismos en todo el mundo, en todas las guerras y nosotras lo sabemos sin decírnoslo. A algunas de nuestras vecinas les han dicho que se vayan del puerto, que busquen en las ciudades un mejor porvenir para los niños y muchas se han ido sin regreso posible. Entonces regalan o encargan a su muerto, a su Alfredo o Ricardo, a su Alfonso o Benjamín, para que los guíe y cuide en los largos y miedosos tiempos del errabundaje. Así el puerto se ha quedado con muy pocos niños y las adolescentes desaparecen antes de que los padres las saquen de las zonas de candela. Por eso creemos que nuestros muertos, los descendientes sacrificados que nos da el río, reemplazarán a tantas familias que mendigan por Colombia. Mi esposo seguramente ha sido redimido por otra madre desconsolada, más abajo de aquí, porque hemos sabido que lo arrojaron desnudo y dividido, lo acusaban de enlace de los grupos armados. Tendrá otras manos y otra cabeza, pero no dejará de ser el hombre que amaré por siempre, así me lo hayan arrebatado untado con mis lágrimas. Se me ha acabado el agua de mis ojos pero no la rabia. El perdón, el olvido y la reparación, han sido para mí una ofensa. Nadie podrá pagar ni reparar la orfandad en que hemos quedado. Nadie. Ni siquiera el río que nos devuelve las migajas, nos da la comida para vivir y nos entrega los muertos para no perder la esperanza.

Nuestro cementerio no es de desconocidos como pretendieron hacernos creer. Nosotras no pedimos a nuestros muertos números de suerte ni pedazos de tierra para una parcela, pedimos paz para los niños que aún no entran en la guerra a pesar de que a muchos de nuestros sobrinos los han quemado o arrojado al agua. Los niños no llegan a las playas, no son pescados por manos bondadosas. Dicen que a ellos los rescata un ángel cuando los asesinan. El río los purifica.

Después de tantas noches de cielo hechizado, de tanto llanto contenido, mi hija ha quedado viuda. Por eso está conmigo esta noche en la orilla, rezando para que baje un hombre por quien llorar junto a nosotras. Más arriba hay chorros de linternas. Sabemos que cada uno tiene los muertos que el río buenamente le entrega. No importa que seamos un pueblo de mujeres, de fantasmas, o de cadáveres remendados, no importa que no haya futuro. Nos aferramos a la vida que crece en los niños que no han podio salir del puerto. A nuestras criaturas inocentes las hemos dejado dormidas para salir a pescar a los huérfanos de todo. Mañana nos preguntarán cómo nos fue y nosotras les diremos que hay una tumba nueva y un nuevo familiar a quien recordar.

Bajan canoas y lanchas. No sabemos si estamos dentro de un sueño o nosotras flotamos despedazadas en el agua turbia, en espera de unas manos caritativas que nos hagan el bien de la cristiana sepultura.

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